La decisión unánime de los 28 concejales rosarinos de prohibir la utilización del glifosato en Rosario desató un fuerte debate que engloba a representantes de la cadena sojera, organizaciones socioambientales y al propio Ejecutivo local, que deberá en los próximos días decidir si avala la votación de los ediles o cede a la presión de los ruralistas, que pidieron de manera explícita y pública “rever” esa ordenanza.
Si bien la prohibición del polémico herbicida en el área urbana y periurbana de la ciudad apenas afecta a 260 hectáreas productivas, la onda de choque de esa decisión generó una amplia reacción corporativa a nivel nacional por parte de los ruralistas, que salieron a presionar con todo a la intendenta Mónica Fein para que dé marcha atrás con un proyecto que fue avalado y votado por todos los partidos políticos con representación local, en un raro caso de superación de la grieta.
Las entidades agropecuarias temen que la decisión de Rosario impacte en otras ciudades y localidades de la zona agrícola, donde la problemática respecto a las fumigaciones ha crecido para convertirse en una demanda social cada vez más fuerte.
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