Se resolvió que todos los gastos que se realicen para la investigación de delitos federales sean costeados por los mismos delincuentes: es decir, los narcotraficantes, falsificadores, tratantes de personas o contrabandistas.
El Ministerio de Seguridad instruyó a la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura a informar a los jueces competentes de cada investigación sobre todos los gastos incurridos en la realización de tareas encomendadas para resolver un caso. De esta manera, los magistrados deberán cargar a la cuenta de los narcos o de otros delincuentes de casos federales los costos de pericias, traslados, narcotest, tareas de intervención telefónica o pericias contables, entre otras medidas, que se realicen para una investigación.
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