Los programas dedicados a distribuir anticonceptivos y preservativos disminuyeron las entregas en los últimos años y están por debajo de los niveles de 2015.
En el país, el 59% de los embarazos no son intencionales, una proporción que sube al 68% entre menores de 19 años, de acuerdo con datos que presentó el Gobierno en 2017 en el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, diseñado justamente para reducir esta proporción.
La cantidad de anticonceptivos y preservativos distribuidos por el Gobierno disminuyó en los últimos dos años, con una caída muy fuerte en 2016 y una recuperación en 2017, pero que todavía no llega a los números distribuidos en 2015. Dado que entre las adolescentes el 43% declaran acceder a los métodos anticonceptivos de manera gratuita, la provisión del Estado es fundamental.
En 2016, el entonces Ministerio de Salud repartió solo el 27% de los tratamientos de anticonceptivos hormonales (en su mayoría, pastillas) que se había propuesto, con lo que el organismo estima que cubrió al 37% de la población que lo necesita, «una fuerte baja con respecto a 2015, cuando la cobertura fue del 82%», según reconoce Salud en las cuentas de inversión, un documento de evaluación de la ejecución presupuestaria. En 2015 se habían distribuido más de 11 millones de tratamientos.
En 2017, la cartera de Salud redujo la meta de lo que esperaba repartir: pasó de 16 a 11 millones, y repartió 7,8 millones de tratamientos, una mejora en relación con 2016, aunque por debajo de los niveles de 2015. Los cambios en las metas pueden ser por modificaciones en el tipo de tratamiento, los que son de larga duración, como los implantes subdérmicos, reemplazan a un número mayor de pastillas anticonceptivas, por ejemplo. En todos los casos, las metas estuvieron lejos de cumplirse.
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