Los profesionales marcharon en la mañana de este viernes, por el Centro hasta la puerta de Apross, debido a la imputación del presidente de la asociación José María Catá por cobrar como particular a un afiliado de la obra social.
El miércoles el fiscal Raúl Garzón imputó al secretario general de la Asociación de Anestiología, Analgesia y Reanimación de Córdoba (Adaarc) por «desobediencia a la autoridad».
Sobre estos casos, existe una indicación judicial para que los profesionales se abstengan de exigir ese pago en efectivo antes de una cirugía u otra intervención médica.
Los anestesistas aseguran que se cayó el convenio con Apross y que tienen derecho a cobrar por sus servicios. Afirman, a su vez, que nunca negaron la prestación a ningún paciente sin dinero.
Le exigen el pago de una deuda de 17 millones de pesos, además de reconvenir el valor de la prestación, que hoy está en mil pesos para casos de baja complejidad. La obra social ofertó un incremento del 50 por ciento en ese valor, pero no se logró acuerdo.
