Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, envió a la Legislatura un proyecto de ley para obligar a los condenados a trabajar mientras estén cumpliendo condena. La apuesta del Gobernador es intensificar las labores de los internos de los penales locales. El Gobierno propone que los presos trabajen en recuperación de mobiliario estatal (escritorios, bancos escolares, estantes), refacciones varias para el Estado, la cosecha en la granja penal y, en caso de que aparezcan, contratos privados, también se incluirían.
Cornejo dijo, “Queremos terminar con las cárceles de ‘máxima ociosidad’, donde la permanencia inactiva de los presos en el penal se convierte en un privilegio”. Son alrededor de 4.800 presos los alojados en penales de la provincia, los cuales le cuestan a la Provincia unos 20 mil pesos por mes. El 60% son condenados, es decir, alrededor tres mil internos.
Respecto del trabajo obligatorio, será bajo formas asociativas, con un pago del que se descontarán los gastos de manutención y para el resarcimiento de las víctimas y para la manutención de sus propias familias.
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