La Legislatura de Córdoba aprobó la obligación de los gremios de avisar sobre medidas de fuerza y de respetar guardias mínimas en el transporte.
Con el voto de los bloques mayoritarios, Unión por Córdoba, UCR y PRO, la legislatura cordobesa convirtió en ley un proyecto que establece un régimen para la prestación mínima de servicios durante conflictos laborales.
De esta manera los legisladores cordobeses equiparan la actividad laboral de los choferes de colectivos con la de médicos, enfermeros y especialistas que se desempeñan en hospitales y que están obligados por ley a mantener un servicio mínimo aún durante medidas de fuerza.
A la declaración del transporte como servicio esencial se oponen los legisladores gremialistas del peronismo así como el bloque kirchnerista y la izquierda que aducen que la iniciativa es inconstitucional.
Por esta decisión gremios cordobeses se movilizaron hasta Vélez Sársfield y Deán Funes donde expresaron su oposición a la medida.
Gabriel Suárez, Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba sostuvo que «Bajo ningún punto de vista se puede tomar como una cosa normal (el proyecto) porque es violatorio a la Constitución».
Franco Saillen, Legislador y referente del Surrbac sostuvo: «Por más que quieran hacerle creer a la sociedad que esto es un intento de definir cuales servicios son esenciales y de esa forma asegurar un mínimo funcionamiento de esos servicios, esto es una lisa y llana reglamentación al derecho de huelga. Si el transporte es un servicio público y esencial, que sea gratuito y no una actividad de renta sobre la esencialidad social».
