Inicio Políticas En el inicio de la campaña, Cristina a juicio oral por la...
A pocos días de oficializarse el reinicio de la campaña electoral de cara a octubre, Cristina Kirchner que busca convertirse en la próxima vicepresidenta de la Nación, será enviada a juicio oral acusada de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales”, es decir, coimas.
El juez Claudio Bonadío se encuentra en condiciones de dar por clausurada la instrucción de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas y enviarla a juicio oral. La investigación que cuenta con 172 procesados y 31 imputados colaboradores, será elevada a juicio esta semana.
Bonadío ultima los detalles de la resolución con la que dará por concluida la investigación del expediente principal de los Cuadernos de las Coimas, en el que se procesó a Cristina Kirchner, a los ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación y a un centenar de empresarios contratistas del Estado.
En diciembre de 2018 la Sala I de la Cámara federal porteña confirmó las acusaciones contra la ex presidenta por dirigir una asociación ilícita, por el delito de dádivas en carácter de coautora y de cohecho pasivo (cobrar coimas). Para el fiscal Carlos Stornelli Cristina es responsable, además, de 40 hechos de cohecho.
La acusación que la enviará a juicio sostiene una aclaración realizada por Bonadío en el primer procesamiento: el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de «dinero ilegítimas en mano propia» no la exime de «responsabilidades». En ese marco, se dio por comprobada «la existencia de una organización delictiva» planteada por la «recaudación de coimas» que inició con Néstor Kirchner y que «continuó durante la gestión» de la actual senadora.
En consecuencia, se determinó que la ex mandataria «tenía conocimiento del sistema de recaudación» y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la «asociación ilícita». En esta parte que será enviada a juicio oral, se sostiene que existió una «comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal», los distintos funcionarios intervinientes «operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria».
La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, «para procurar la afluencia de dinero». Se celebraban los contratos distribuidos en rubros de la construcción o concesión de licencia de corredores viales o transporte. Según la acusación, los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones «estaban inflados en perjuicio del conjunto de los argentinos» y la finalidad de todo fue «enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos».
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