En febrero de 2017, con apenas ocho meses en el poder y unos 7.000 muertos en lo que llamó su “guerra contra las drogas”, el polémico Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ya proponía una insólita medida para detener lo que consideraba una “generación de delincuentes”: bajar la imputabilidad penal de 15 a nueve años. A los ladrones y traficantes en edad escolar “hay que enseñarles responsabilidad”, justificó en ese entonces.
Y ahora, no exenta de críticas, la controvertida propuesta de Duterte parece encaminarse a su concreción. El Comité de Justicia del Congreso filipino aprobó un proyecto de ley que reduce la edad de responsabilidad criminal a los nueve años, medida que el Senado se ha comprometido a ratificar.
Según los legisladores que han impulsado el proyecto, la ley protege a los niños de los criminales que tratan de explotarlos, pero organizaciones como Human Rights Watch (HRW) advierten que la nueva norma los confinaría en centros de menores hasta 12 años.
“El gobierno filipino está un paso más cerca de poder enjuiciar a niños como si fueran adultos, pilar fundamental de la abusiva campaña contra el crimen de Duterte”, denunció el titular de HRW en Filipinas, Carlos Conde.