La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) les reclama unos 1.200 millones de dólares a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros procesados en el marco de la causa por presunto fraude en la obra pública.
Se trata de la investigación que tiene a cargo el juez federal Julián Ercolini por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, actualmente detenido.
A partir de la investigación, la Dirección de Vialidad rescindió 24 contratos por estar inconclusos y en los cuales se detectaron los daños ocasionados por el retraso en las obras y los costos administrativos, entre otros puntos.
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