A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia el Poder Ejecutivo nacional modificó la Ley de Migraciones con el objetivo de acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos.
Los cambios disponen «un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio».
La norma dice remarcar que los principios establecidos por la Constitución Nacional en relación a los derechos que gozan los extranjeros en el país pero,contrariamente indica que «cada Estado Nacional tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales» y que el ejercicio de esa potestad «debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las normas de protección de los Derechos Humanos».
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