La Cámara de la Propiedad Horizontal y Administradores de Edificios, presentó un comunicado en donde se advierte que “algunos procedimientos y normativas aplicados por la Municipalidad de Córdoba, por organismos provinciales como Epec y empresas privadas como Ecogas empujan a miles de personas que viven y dependen de edificios a situaciones insostenibles desde el punto de vista económico, técnico y funcional”. El texto menciona que llegará a ser “inviable su continuidad y su futuro”.
Según dicen los administradores, los organismos públicos y privados dictan normas, llevan a cabo inspecciones, solicitan obras, reformas, adecuaciones muchas veces contradictorias o de imposible realización.
De no cumplir con lo que los organismos piden, se aplican fuertes multas o cortes de servicios vitales para el funcionamiento de un edificio, lo que “lleva a situaciones de ilegalidad, con las graves consecuencias que esto implica. Los consorcios hablan de un constante incremento de los costos fijos y, en paralelo, intentos de diferentes reparticiones públicas y empresas privadas para agregar nuevos gastos a los consorcios, en función de servicios que no se prestan o de dudosa utilidad.
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