En los últimos años las indemnizaciones otorgadas por el Estado en compensación por haber violado derechos civiles estuvieron sujetas a cuestionamientos por aquellos que consideran que hubo un aprovechamiento coyuntural de parte de la militancia.
El denominado Caso Maldonado, generó sensaciones en tal sentido, en particular por todo lo que significó y aún significa en materia política. Llama la atención que la primera gran certeza de la investigación aún no haya sido plasmada en la modificación de la carátula de la causa, ya que Santiago no está más «desaparecido”. El debate sobre por qué ese ser humano terminó así su vida continúa abierto y, aunque algunos sugieren que el expediente está paralizado, por el contrario, el juez federal Gustavo Lleral lo mantiene en movimiento con varias medidas.
Hace pocos días, por medio de una cédula de notificación, el propio magistrado respondió casi sin querer una pregunta que viene repitiéndose entre miembros de la sociedad desde que el cadáver hallado en el río Chubut arribó a la morgue.
¿La familia Maldonado cobra algún tipo de subsidio por la desaparición de Santiago? La notificación del magistrado obedecía a una solicitud que hizo la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, quien pretende que Lleral vuelva a atender en Esquel, en lugar de quedarse en Rawson como lo decidió hace algunas semanas.
De acuerdo a fuentes consultadas, el Estado habría pagado ya un total de 1.600.000 pesos, en concepto de 200 mil pesos por mes desde el primero de agosto de 2017. Al mismo tiempo, la abogada Heredia habría percibido unos 300 mil pesos en concepto de honorarios. Todo esto no hace más que dar sustento a una denuncia presentada hace pocos días por el Ministerio de Seguridad de la Nación, asesorado por Fernando Soto, que considera que los Maldonado, su abogada, algunos testigos y los organismos de DDHH integran una asociación ilícita que pretende lucrar con la muerte de Santiago Maldonado y desprestigiar al gobierno nacional.
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